Principales Medios de Participación Ciudadana
El artículo 258 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal establece los diferentes medios de participación del pueblo en
ejercicio de su soberanía, a saber: Cabildos Abiertos, Asambleas Ciudadanas,
Consultas Públicas, Iniciativa Popular, Presupuesto Participativo, Control
Social, Referendos, Iniciativa Legislativa, Medios de Comunicación Social
Alternativos, Instancias de Atención Ciudadana, Autogestión y Cogestión. El recinto de participación es sin
embargo mucho más amplio, y se caracteriza por la creatividad, el liderazgo y
el perfil, tanto del gobierno local como del propio municipio. Entre otros
medios existen los Gabinetes General y Sectorial de Gobierno; las audiencias a
personas, a organizaciones comunitarias, organismos públicos y privados; las
visitas de las autoridades locales a familias y comunidades; los Consejos
Comunales; el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas;
Organizaciones Comunitarias de Vivienda; Movimientos deportivos; Organizaciones
culturales y grupos religiosos, a los efectos de garantizar la cooperación
vecinal, la descentralización y el parlamento popular, y producir así zonas de
diseño, concertación, ejecución, control y seguimiento de políticas públicas
legitimadas por la propia comunidad.
Estas redes populares para unos, o instancias del
poder popular para otros, representan espacios de democracia participativa y solidaridad
social en donde el protagonismo civil coadyuva en la definición de políticas
públicas que constituyen aportes para
mejorar los niveles tanto de la vida de las comunidades como del desempeño de
los organismos de gobierno. En realidad son espacios de cooperación,
entendimiento y articulación entre la sociedad civil y las diferentes
instancias de gobierno, con el objeto de procurar y concretar el bienestar
colectivo. Se está así en presencia de una concepción societalista donde lo
público surge como una alternativa mediadora entre el Estado y la sociedad,
dirigida a garantizar y fortalecer la voluntad del pueblo, y desde esa
perspectiva decidir y gestionar respuestas y soluciones a los problemas
relacionados con las condiciones generales y específicas de las comunidades.
Esta lucha socio-comunitaria debe partir
preferiblemente desde la defensa de los derechos de los pobres, desempleados y
excluidos sociales. Se trata de una praxis emancipadora cuyas banderas son,
precisamente, el logro de una sociedad democrática, incluyente, igualitaria,
justa y solidaria. Este pensamiento social, luego acción política, se justifica
ante la desilusión existente de los modelos de desarrollo, toda vez que las
instituciones políticas carecen de capacidad de respuesta para las crecientes
demandas de los pueblos. Dicho escenario justifica las prácticas de libertad
que en la actualidad propenden las comunidades tras la búsqueda de un mundo
mejor, caracterizado por la ética, los valores y el humanismo. Lo que supone,
en definitiva, la necesidad y participación de hombres y mujeres con capacidad
de liderazgo, que estén al lado de las comunidades, que sean promotores y
hacedores de medios de participación, y ganados a superar la crisis en que se encuentran circunscritas.
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